Trabajadores de prensa se unieron al pedido de adhesión a la Ley Micaela

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Por iniciativa de la comisión de Mujeres de la Asociación de Prensa de Tucumán, la campaña por la adhesión a la ley 27.499 cosechó el respaldo de decenas de periodistas y comunicadores. Este miércoles se realizó un tuitazo, entre las 11 y las 13, para ejercer presión en los legisladores que mañana bajarán al recinto para debatir este tema.

Finalmente, tras más de un año de espera, Tucumán tratará la adhesión a la Ley Micaela este jueves 21 de mayo. Sin embargo, la adhesión de la norma será debatida en la sesión legislativa en dos proyectos que presentan modificaciones provinciales, uno presentado por el bussismo y otro avalado por el oficialismo.

La iniciativa avalada por todo el bloque peronista y aliados, y que obtuvo dictamen de mayoría en la  Comisión de la Mujer, establece la adhesión a la ley nacional sin cambios importantes en el espíritu de la ley, aunque fija como encargados de la aplicación y control de la norma a las cabezas de cada poder del Estado. Este proyecto cuenta con el respaldo de 43 parlamentarios, por lo que se da por descontado su aprobación.

Desde el movimiento que viene bregando por la adhesión total al proyecto original temen que ante la modificación del órgano ejecutor, como plantea el oficialismo, no sean correctamente aplicadas las capacitaciones. Esto motivó que estos miércoles diferentes organizaciones sociales, gremiales, de Derechos Humanos y feministas, entre otras, se sumaran a un tuitazo nacional.

Por otro lado, con dictaminen en minoría, también llega al recinto una iniciativa que modifica sustancialmente el objetivo de origen. El mismo fue presentado por la bussista Nadima Pecci y el alfarista Raúl Albarracín, quienes rechazan el texto original de la norma por considerarlo que «prioriza el adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres». No resulta extraño que un proyecto de este índole sea fogoneado por el sector que responde a Ricardo Bussi, hijo del genocida condenado Antonio Domingo Bussi, desde donde vienen llevando adelante una batalla encarnizada en contra de los avances que se vienen dando en todo el país en materia de género.

La reticencia de estos sectores de la política tucumana en adherir a la Ley Micaela puso a la provincia en el centro de la opinión pública nacional. Se trata de la única que aún no asumió la responsabilidad y el compromiso de capacitar a los funcionaros y trabajadores de los tres poderes del Estado en materia de género y prevención de violencia contra las mujeres.

En este marco, diversas organizaciones de Mujeres, Sociales, Estudiantiles, Políticas, LGBTIQ+, Organismos de Derechos Humanos y Familiares Victimas de Femicidios, llevan adelante una campaña para exigir la adhesión de nuestra provincia sin modificaciones a la Ley Nº 27.499. “Exigimos estar a la altura de lo que representa la realidad que vivimos con la violencia de género en sus distintas formas en nuestra provincia y aprobar de inmediato esta ley”, sostienen.

En sintonía con este planteo, y a partir de una iniciativa de la APT, decenas de periodistas y trabajadores de prensa también se sumaron a la campaña en respaldo de estas organizaciones que bregan por un Tucumán más inclusivo y con perspectiva de género. “Exigimos la adhesión a la Ley Micaela (27.499), sin modificaciones que puedan tergiversar su finalidad, porque consideramos necesaria la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integren los tres poderes del Estado”, expresaron desde la APT.

Para el colectivo Ni Una Menos estos intentos de modificar el texto de la norma  son una ofensa a la memoria de Micaela García, cuyo femicidio en 2017 conmovió tanto al país que se decidió crear esta ley y ponerle su nombre. En este sentido, expresaron su “preocupación de que en la búsqueda de consensos con sectores políticos como el bussismo que hablan de ideología de género y ultra feminismo cuando se refieren a cumplir con obligaciones convencionales y constitucionales, como lo es la capacitación obligatoria a los 3 poderes del Estado para prevenir y sancionar eficazmente la violencia de género, expresiones que para nosotras no hacen más que desnudar la misoginia que poseen. Nos preocupa, porque la falta de capacitaciones en quienes deben llevar adelante las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, solo se termina traduciendo en más revictimizaciones y violencia institucional hacia las mujeres » .

Fuente : www.primerafuente.com

 

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