¿Por qué es importante que Tucumán adhiera a la Ley Micaela?

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La ley establece la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, con el objetivo de terminar con el acoso, la discriminación y la violencia contra la mujer en la Administración Pública nacional y provincial.

Con el voto a favor de los 59 legisladores presentes, el Senado aprobó en diciembre de 2018 por unanimidad la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los empleados públicos. En Diputados, unos días antes, la norma había recibido 171 votos a favor y uno en contra, del salteño conservador Alfredo Olmedo.

De Tucumán, la ley contó con los votos positivos de José Orellana, Marcelo Santillán, Alicia Soraire, Teresita Villavicencio y Pablo Yedlin. Tres diputados de Cambiemos estuvieron ausentes: Facundo Garretón, José Cano y Beatríz Ávila. Por su parte, la peronista Gladys Medina tampoco estuvo en la sesión.

Durante la sesión en Senadores, llamó la atención que la senadora Silvia Elías de Pérez estuvo presente en el recinto pero, a la hora de emitir su voto sobre la ley para prevenir la violencia de género, se ausentó de su banca. “Como mujer y dirigente política me siento defraudada”, lanzó en aquel momento la legisladora Stella Maris Córdoba.

La ley estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.

Tucumán fue una de las primeras provincias en presentar un proyecto de adhesión. La iniciativa fue planteada por las peronistas Graciela Medina, presidenta de la comisión de la Mujer, y Sandra Mendoza, y por los radicales Adela Estofán y Fernando Valdez, los primeros días de 2019. Luego se sumó otro proyecto de la legisladora Silvia Rojkés, del bloque Tucumán Crece-PJ, y otro más de Stella Maris Córdoba. Como nunca, la provincia tenía la oportunidad de ser la primera en adherir a la ley cuyo objetivo principal es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

En aquel momento, las legisladoras sostuvieron que el objetivo de la norma es aportar en la lucha para “terminar con la problemática de acoso y violencia contra la mujer en la Administración Pública nacional y provincial”. “(El drama de) la violencia contra la mujer es un tema grave, que nos pone en alerta y nos alienta a llevar adelante todos los programas y políticas públicas que se requieran para eliminar definitivamente de nuestra sociedad tan grave flagelo”, sostuvieron Medina y sus pares.

Los legisladores remarcaron que en Tucumán rige la Ley de Emergencia por la Violencia contra la Mujer (8.981), que fue sancionada el 21 de diciembre de 2016. “La Mesa Interinstitucional de Emergencia por Violencia contra la Mujer viene funcionando desde mediados de 2017. Actualmente se sancionó la prórroga la norma para que se pueda seguir trabajando con los tres poderes del Estado en búsqueda de alcanzar el objetivo de terminar con esta problemática”, añadieron. E insistieron con que la adhesión a la “Ley Micaela” sería “un gran paso hacia la consecución de este propósito”, por lo que instaron a la sanción de la norma.

En los proyectos presentados, la Secretaria de Estado de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social se establece como el órgano coordinador a nivel provincial, mientras que a nivel nacional es el Instituto Nacional de la Mujer.

Qué implica la ley

  1. Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
  2. La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
  3. El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
  4. Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
  5. Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

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