«Manzur decidió darle la espalda en la justicia a las víctimas de la inseguridad»

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Lo afirmó el legislador José María Canelada luego que el gobernador vetó parcialmente una ley que permitía a los querellantes más protagonismo en las causas penales.

«La delincuencia en Tucumán crece a niveles intolerables desde hace años y ya no alcanza para explicar sus causas la impericia del ministro Maley. Con el veto a la ley que le da más protagonismo a las víctimas en las causas penales, el gobernador Juan Manzur ha decidido pararse del lado de los delincuentes como política de Estado. Desde hoy sabemos que no se trata de incompetencia: es complicidad lisa y llana con asaltantes, abusadores y asesinos», advirtió el legislador José María Canelada luego de que el gobernador vetó su propuesta, convertida en ley, para que las querellas pudieran pedir medidas coercitivas como la prisión preventiva.

En este sentido, el Gobierno en su veto cita un informe del Ministerio Público Fiscal que, entre otras cuestiones, señala que la norma «afecta las facultades del fiscal, exponiendo a graves afectaciones a las garantías de los imputados».

«No deja de llamarnos la atención los serios problemas de comprensión de texto que tienen, porque a las medidas coercitivas las otorga un juez, aquí no se busca avasallar decisiones judiciales sino que las víctimas las puedan requerir. Sin embargo, más llama la atención que hayan decidido volcarse a hacer una férrea defensa de los derechos de los imputados. El Ministerio Fiscal, timoneado por Edmundo Jiménez, salvo honrosas excepciones, se ha convertido en un ariete del poder político de Tucumán», apuntó Canelada.

Más allá de las acusaciones de favorecer a delincuentes, el parlamentario citó jurisprudencia para señalar que lo citado por el Gobierno y el Ministerio Público no tiene asidero. «La Corte Suprema de la Nación advirtió no se observa cuál puede ser la base para darle un distinto tratamiento a quien acude a un tribunal para peticionar por sus derechos y a quien se opone a tal pretensión. Eso sin dejar de lado las enseñanzas de los juristas Caferatta Nores y Tarditti, quienes señalan que ‘la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas’ y que ‘no parece sencillo admitir que un código procesal penal prive de la posibilidad de interponer recursos a la víctima constituida en el proceso como acusador, sin afectar aquella normativa de máxima jerarquía.»

En ese sentido, Canelada advirtió: «¿Hace falta recordar casos como el de Lebbos, donde la mayoría de los fiscales hizo uso de las facultades que señalan defender, dando la espalda a la familia y encubriendo a personajes que se cobijaban al calor del poder? ¿O el de Marita Verón, en el que su madre tuvo que enfrentar y desentrañar núcleos mafiosos en la más absoluta soledad? El Ministerio Fiscal ha demostrado que no quiere dejar de tener el favor del Gobierno. Y el Gobierno, por primera vez se ha sincerado y ha demostrado que no le importan las víctimas».

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