Domingo Amaya, sobre la denuncia de Pedicone: «los responsables de pedir que esto se aclare son Manzur y Jaldo»

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El Diputado Nacional por Tucumán Domingo Amaya fue en el ciclo radial Arte y Mate, donde se refirió al proyecto de Reforma Judicial que fue impulsado por el Gobierno Nacional y que ya tiene la media sanción de Senadores.

Amaya opinó que la reforma “no es una prioridad” en este momento, donde el país atraviesa una crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. “Esta reforma le va a costar al erario público entre 6 mil y 10 mil millones de pesos nombrando casi 900 cargos”. Además, aseguró que la reforma es innecesaria ya que está dirigida a un solo fuero (el Federal), al que no está afectado el común de la ciudadanía: “la gente tiene otro tipo de problemas, civiles y comerciales por ejemplo”, al mismo tiempo que manifestó que desde el oficialismo se intenta “imponer una reforma por los números, como sucedió en cámara de senadores, o por mandato partidario. El oficialismo con sus votos propios no llega, tiene que convencer a algunos aliados, que muchos dijeron que no iban a votar y espero que mantengan su postura”.

En otro tramo de la entrevista, Amaya dio su punto de vista sobre la situación sanitaria del país frente a la pandemia de Covid 19. El diputado se encuentra actualmente varado en la provincia de Buenos Aires y no puede volver a Tucumán desde el 20 de marzo, cuando entró en vigencia el decreto presidencial que establecía la cuarentena obligatoria. Desde Buenos Aires, Amaya sigue muy de cerca lo que sucede en Tucumán, donde el pico de contagios se disparó estrepitosamente desde hace algunas semanas. “Veo que en mi provincia lamentablemente se ha complicado muchísimo esta situación y es preocupante porque esto va a seguir generando pobreza y perdida de trabajo”, indicó, a la vez que invitó a la dirigencia política a “trabajar en las cosas importantes, haciendo abstracción de los colores políticos e ideologías, pensando en esta argentina que queremos vivir y los tucumanos y tucumanas y no estar viendo que cargo van a volver a ocupar”.

El ex intendente capitalino no pasó por alto la polémica generada en torno a la denuncia del Juez Enrique Pedicone contra el Vocal de la Corte Daniel Leiva por supuestos intentos de manipular la causa judicial que se sigue contra el Legislador Ricardo Bussi a raíz de una denuncia por abuso sexual. “Esta denuncia, si es cierta, es de carácter muy grave. El tráfico de influencias en la política hacia la justicia es de una gravedad institucional muy grande. Hasta veo que la iglesia en su conjunto, con el arzobispo y el obispo de concepción, pidió aclaración porque hay que llevar tranquilidad al pueblo tucumano. Los responsables de llevar esta tranquilidad y pedir que se aclare son el gobernador y vicegobernador”, fustigó.

Además, opinó que Bussi debió ser separado de la Legislatura ni bien se conocío la denuncia en su contra. Más allá de las cuestiones políticas, la Legislatura debió haber actuado inmediatamente, como con cualquier político, hasta que se demuestre lo contrario”.

Por último, se refirió a las inversiones en obras de infraestructura que viene llevando adelante el Gobierno Provincial. Entre el año 2016 y 2019, la provincia sólo hizo una inversión de 3.200 millones de pesos en bienes de capital, esto es, inversión en obras, equipamientos, salud y educación. La política que tiene que aplicar el Gobierno de Tucumán es un plan estratégico urgente de inversión para recuperar este tiempo perdido, para que la gente pueda volver a trabajar” y se ofreció para “ hacer una mesa de trabajo todos juntos, porque como políticos tenemos la obligación de pensar primero por la gente, más allá de colores políticos y elecciones”.

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